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Se impulsan reformas al Artículo 77 de la Ley General de Salud y adiciona la fracción XIV al Artículo 33 de la Ley General de Educación, esto para detectar y garantizar la oportuna atención de niños y jóvenes estudiantes que puedan presentar posibles daños mentales que mermen su calidad de vida y su aprovechamiento educativo. Lo informó el profesor Jesús Espinoza Zepeda, de la sección II del SNTE, al señalar que la senadora Irma Martínez busca consolidar esta propuesta.

Dijo que de acuerdo con la iniciativa presentada por la senadora Martínez, se obligaría a que las autoridades de educación, en coordinación con las de salud federal y local, realicen pruebas y exámenes periódicos para evaluar y atender oportunamente la salud física y mental de los educandos.

Indicó la legisladora federal que “…de acuerdo con datos de la Organización Mundial del la Salud (OMS), las enfermedades mentales representan el 13 por ciento de las discapacidades humanas y la mayoría de ellas no son diagnosticadas correctamente o son ignoradas…”.

Los grupos más vulnerables de padecer estos trastornos y no ser atendidos oportunamente -abundó la senadora Irma Martínez-, son la población infantil y juvenil…, por lo cual se ha dado a la tarea de proponer las reformas antes mencionadas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en todos los países del mundo, los trastornos mentales, neurológicos y de conducta causan sufrimiento a quienes los padecen y a sus familias, y acarrean altos costos económicos y sociales.

Las personas con trastornos o enfermedades mentales suelen ser objeto de aislamiento social, tener una mala calidad de vida y presentar tasas de mortalidad más elevadas.

“En México, los trastornos de salud mental han ido en aumento, ya que estudios sobre el tema indican que, a pesar de los esfuerzos realizados por las instituciones del Sector Salud, nuestro país se encuentra rezagado en la atención a los problemas de salud mental, pues se estima que alrededor del 15 por ciento de la población padece alguno, y que sólo el 2.5 por ciento de los afectados recibe atención médica”, expresa la legisladora en su iniciativa.

Según el espíritu de la reforma sugerida, los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de menores, los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de enfermedades o trastornos mentales.

Con las modificaciones al artículo 77, las instituciones públicas dedicadas a la atención de enfermos mentales orientarán y asesorarán a las familias y atenderán a los menores que presenten alteraciones de conducta o trastornos mentales.

La reforma impulsada considera que es necesario ejecutarla debido a que México es un país con altas tasas de natalidad y con una población mayormente formada por niños y jóvenes, tan sólo la matrícula reportada por la SEP es de alrededor de 25 millones de educandos.

Lo anterior contrasta con la ausencia de estrategias que permitan la detección y atención temprana de trastornos en la salud mental de los niños, lo cual ocasiona que estos se agraven o transformen en condiciones patológicas crónicas.

En su estudio, Irma Martínez afirmó que “…el reciente caso de las estudiantes de secundaria de Ensenada, quienes intentaron quitarse la vida, viene a reforzar el sentido y necesidad de la reforma antes indicada, ya de que haber contado con una detección temprana de los evidentes desórdenes psicológicos y conductuales de las frustradas suicidas, hubiera sido mucho más factible evitar una tragedia que, venturosamente, no ocurrió…”

Fuente: www.oem.com.mx